El mal manejo del agua es uno de los aspectos de nuestra vida comunitaria que más ilustra el atraso cultural, político e institucional que caracteriza a nuestro desarrollo.
La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, el uso ineficiente de las aguas superficiales , la contaminación de todo tipo de fuentes de agua, el desperdicio irresponsable cotidiano y la deplorable administración de los recursos hídricos, son problemas muy graves que harán mas severas las crisis del agua que traerá consigo el cambio climático.
Ningún recurso como el agua es tan poco valorado cuando se tiene, pero tan apreciado como indispensable para la vida cuando es escaso.
Todavía prevalece la idea de que el agua es un bien natural que no tiene ningún costo económico y que su disponibilidad no tiene limites. Idea por demás errónea, porque no se considera toda la infraestructura , equipo y organización humana que debe desplegarse para garantizar que el agua llegue a los hogares y que implica grandes inversiones y costos de mantenimiento que convierten al agua en un bien de carácter económico. Por estas creencias, una gran cantidad de personas prefiere pagar refrescos embotellados, bebidas alcohólicas, cuentas de teléfono celular, televisión vía satelital o comida chatarra, antes que pagar el servicio de abasto de agua.
Aparejado a lo anterior, una mayoría de los gobiernos locales sobre los cuales recae ahora la responsabilidad de administrar el abasto de agua potable y el saneamiento, evaden la incomoda situación de cobrar el agua a los usuarios y prefieren subsidiar un mal servicio, en vez de comprometerse a reorganizar el sistema, hacerlo eficiente y cobrar una tarifa justa por el abasto.
Se genera así un circulo vicioso, en el cual los organismos operadores municipales no pueden mejorar porque no cuentan con los recursos necesarios y la gente no paga porque tiene un mal servicio. Esto se da en un contexto en el cual, generalmente, la propia autoridad local no valora la importancia de un servicio eficiente de agua potable. Se nombran directivos sin la experiencia necesaria, se utilizan los sistemas de agua como agencias de proselitismo político electoral, se desvían los recursos financieros a otros gastos, no se realizan las inversiones en la infraestructura, el equipo y la profesionalización del personal que son necesarias y, por supuesto, no se rinden cuentas ni se transparenta la información.
Las cifras son desalentadoras: a nivel nacional la eficiencia física promedio de los sistemas locales de agua potable no pasa del
55 %y la eficiencia comercial no rebasa el 75 %.
En este escenario, la tendencia que muestra la explotación de los acuíferos en las diversas cuencas del país,aunada a la incertidumbre que ya introduce el cambio climático, puede provocar un colapso de los sistemas de abasto de agua a la población en los próximos años.
Algunos conocedores de esta problemática, consideran que la reforma del Articulo 115 Constitucional que les otorgó la facultad del abasto de agua a la población, vino a generar esta situación, porque los municipios no pueden desarrollar una escala de operación que haga posible lograr la autosuficiencia financiera o de plano porque no tienen los recursos necesarios para subsidiar y cubrir las perdidas que genera el servicio. Sin embargo, la historia de los sistemas estatales de agua potable,como operaban antes de su descentralización a los municipios, tampoco es un antecedente de éxito y eficiencia.
Ciertamente, la tendencia a la metropolización de las ciudades mexicanas esta desbordando las capacidades municipales y hace necesario la creación de sistemas de carácter regional, y a lo mismo obligará seguramente la extraordinaria dispersión de cientos de pequeños municipios que francamente no pueden,ni podrán por si mismos, otorgar el servicio de agua en condiciones de certidumbre , regularidad y eficiencia.
La discusión, sin embargo, no debe considerar como una disyuntiva si el servicio de agua debe ser estatal o municipal; esto no es el problema. Tan ineficiente puede ser un organismo de alcance estatal como uno de cobertura municipal. Las experiencias así lo demuestran.
El verdadero problema es el régimen institucional con el que operan la gran mayoría de los organismos, ligados orgánicamente a las estructuras de gobierno y sujetos a los vaivenes de la política electoral, sujetos a las decisiones discrecionales de la autoridad y sumamente vulnerables ante los intereses económicos de particulares. Sin planes de inversión y de mejora continua, sin parámetros para evaluar su desempeño, sin obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia, sin capacidad de adoptar resoluciones para elevar la eficiencia y la sustentabilidad financiera.
El problema de los organismos de agua potable es que se les utiliza como instrumentos políticos y de gobierno, y en esa medida se les coloca en el terreno político electoral, cuando su razón de ser es ofrecer un servicio publico eficiente de abasto de agua potable, por encima de los cálculos político electorales y por encima del influyentismo y de los intereses particulares.
En el fondo, la debilidad e ineficiencia de los sistemas operadores de agua potable en el país es un reflejo de la baja calidad de nuestra democracia, que no acierta todavía a construir el andamiaje institucional para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y la primacía de los intereses de la ciudadanía.
El problema de los organismos es el régimen institucional bajo el que operan. Un gobierno con visión de futuro y responsabilidad, está obligado a impulsar una agenda de reformas que permita este cambio de régimen y lograr una gestión del agua eficiente al servicio de las familias mexicanas. El abasto de agua potable debe ser considerado como un tema de primer orden en la política pública del Estado Mexicano.
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Oscar Pimentel 
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