Casi todos sabemos que Pemex es una empresa clave en el desarrollo de México. Además de representar nuestra principal fuente de energía y aportar un sinnúmero de materias para la industria, la empresa aporta más del 40 % de los ingresos fiscales que le permiten al gobierno completar el presupuesto necesario para solventar los programas, servicios y proyectos de inversión pública destinados a sostener y alentar el desarrollo del país.
Las condiciones de la historia política del país durante una buena parte del siglo pasado, hicieron de Pemex la entidad más emblemática de nuestra soberanía y del profundo sentido nacionalista de los mexicanos.
Las nuevas realidades del mundo durante las últimas décadas, y las propias circunstancias en que ha evolucionado la empresa petrolera, han venido a plantear nuevos desafíos. Estos implican una manera muy distinta de concebir el papel que debe desempeñar Pemex en el desarrollo de la nación y la manera en que debe inscribirse en una estrategia energética del país que sea acorde con el nuevo contexto mundial.
Gracias a los acuerdos que se han logrado en las tres últimas legislaturas del Congreso Federal, poco a poco se han venido removiendo los obstáculos que impiden a Pemex ser una verdadera empresa al servicio de los mexicanos; con la autonomía, organización y régimen fiscal que le permitan ser eficiente y explotar de manera planificada y rentable nuestros recursos petrolíferos.
Sin embargo, estamos todavía muy lejos de la situación que presume el gobierno federal, en un afán que parece más bien motivado por el interés político electoral, en el sentido de que está garantizada la viabilidad de Pemex en el largo plazo, gracias a que se logró una restitución de casi el cien por ciento de las reservas probadas.
La verdad es que Pemex está prácticamente en quiebra. El problema es que su función primordial, más que ser el centro de una estrategia para el desarrollo y el aprovechamiento de la energía, es aportar recursos financieros a la hacienda pública y compensar las grandes fallas del sistema fiscal caracterizado por los regímenes de exención y de privilegios, una reducida base de contribuyentes y un laberinto de cargas fiscales y procedimientos. Un sistema fiscal que refuerza los mecanismos que generan la desigualdad social y obstaculiza el crecimiento duradero de la economía.
Por ello, Pemex sigue sujeto a las decisiones del Congreso en materia presupuestal y a las necesidades de ajuste financiero que deba resolver en cualquier momento la Secretaría de Hacienda, y no a las políticas que establece su Consejo de Administración, como es lo normal en cualquier empresa del mundo.
La situación financiera de Pemex es muy preocupante: debe alrededor de 121 mil millones de dólares y sus activos son del orden de los 112 mil millones de dólares, de tal manera que tiene un capital negativo de casi 10 mil millones de dólares.
En la Evaluación de la Cuenta Pública 2010, elaborada por la Cámara de Diputados, se destaca que el gobierno federal extrae de la paraestatal el 111 por ciento de su rendimiento de operación en cobro de impuestos y derechos, con lo cual se generan pérdidas netas recurrentes, un patrimonio negativo y una acumulación de pasivos que no se compara con ninguna otra empresa petrolera del mundo.
En el mismo estudio se establece que el deterioro financiero de Pemex ha sido progresivo desde que el gobierno federal decidió financiar sus egresos presupuestarios con ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, a través de la creación de un régimen fiscal para esa paraestatal.
De acuerdo con las cifras de la propia empresa, durante 2011 Petróleos Mexicanos acumuló una pérdida neta de 91.5 mil millones de pesos, como consecuencia de un aumento en los impuestos, derechos y aprovechamiento por un monto de 221.9 mil millones de pesos. Refirió que esta situación se debió a la depreciación del peso respecto al dólar estadounidense y de la carga tributaria, que representó 58% de los ingresos totales. Ninguna empresa en el mundo paga tantos impuestos como Pemex.
Frente a los retos de sustentabilidad ambiental, resulta preocupante que el noventa por ciento de la energía que se consume en México corresponde todavía a hidrocarburos, lo cual nos habla de nuestro retraso en diversificar las fuentes de abastecimiento de energía y reducir los efectos en el cambio climático
El futuro de México será en gran medida lo que determinemos que sea el futuro de Pemex.
Se requiere una reforma energética, seria y profunda, asociada necesariamente con una reforma integral de la hacienda pública, y con una clara visión del país que queremos construir. Y en esta reforma, Pemex es la pieza fundamental.
El mundo está empeñado en liberarse de los combustibles fósiles como el petróleo y de encontrar fuentes alternas de energías, menos contaminantes y con un enfoque de sustentabilidad. Si no resolvemos pronto el debate sobre lo que debemos hacer con Pemex, es muy posible que cuando resolvamos, ya el petróleo no será un elemento indispensable en el mercado mundial. Es necesario plantear una estrategia energética para el desarrollo integral de México y abordar, con responsabilidad y visión de estado, la reforma del sistema fiscal para que sea un sustento del proceso de crecimiento y de la mejor calidad de vida a la que aspiramos los mexicanos.
Por esta razón, son tan importantes las ideas de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia de la República, en las que propone valorar la necesidad de incorporar inversión privada en el desarrollo de Pemex, sin perder la rectoría del estado y con pasos audaces para impulsar una verdadera reforma energética. Esta reforma es crucial en muchos sentidos para México. De ella depende nuestro futuro.
@oscarpime
Oscar Pimentel 
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